En una audiencia virtual, un juez de control del penal de Pacho Viejo, Veracruz, decidió archivar la acusación de desaparición forzada contra el exgobernador Javier Duarte, quien actualmente cumple una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.  

El caso, relacionado con la desaparición forzada de un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública estatal identificado como D.L.C., había cobrado relevancia por las declaraciones del exsecretario de Seguridad Pública Arturo “N”. Este último aseguró que su testimonio en el proceso fue obtenido bajo tortura, una denuncia que previamente no fue admitida.  

Durante la audiencia, los abogados de Duarte solicitaron al juez cerrar el expediente, argumentando la falta de pruebas suficientes para sustentar el proceso. El juez aceptó la solicitud, determinando el archivo del caso por desaparición forzada, considerado un delito de lesa humanidad.  

Esta resolución deja abierta la posibilidad de que el Ministerio Público impugne la decisión en otras instancias legales, una medida que se espera sea evaluada en los próximos días.  

La decisión de archivar el caso ha sorprendido, ya que la acusación de desaparición forzada ha sido uno de los señalamientos más graves contra Duarte, quien en noviembre de 2022 había sido vinculado a proceso por este delito. En aquel momento, el juez ordenó prisión preventiva justificada durante un año y medio para permitir el desarrollo de la investigación complementaria.  

El cierre del expediente representa un giro inesperado en el proceso judicial del exgobernador, que ha sido objeto de múltiples acusaciones desde que dejó el cargo en 2016.  
  
Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, cumple actualmente una sentencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por delitos financieros. Su administración ha sido señalada como una de las más corruptas en la historia reciente del país, marcada por desvíos millonarios y múltiples denuncias de violaciones graves a los derechos humanos.  

El fallo judicial sigue generando reacciones en el ámbito político y social, mientras se espera la postura del Ministerio Público sobre la posible apelación, en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.