La administración del expresidente Donald Trump retomará uno de sus proyectos más controversiales: la instalación de un muro flotante de boyas de 27 kilómetros en el Río Bravo, al sur de Texas, una medida que según reportes del Washington Examiner, comenzará a implementarse la próxima semana, pese a las crecientes tensiones judiciales.

El plan, defendido por Tom Homan, actual asesor fronterizo de la Casa Blanca, es visto por el equipo de Trump como un complemento eficaz a los muros tradicionales: “Las boyas funcionan. Greg Abbott ya demostró su eficacia. Los datos lo prueban”, declaró Homan, en referencia al despliegue similar del gobernador texano.

Cuatro funcionarios federales, bajo condición de anonimato, confirmaron que la instalación arrancará en un tramo del río utilizado históricamente para cruces migratorios irregulares, en un momento de fuerte presión legal contra el expresidente republicano.

Paralelamente, el juez federal James E. Boasberg advirtió que la administración Trump podría ser declarada en desacato criminal, al descubrirse que ignoró una orden judicial que prohibía deportaciones, al amparo de una ley de 1798. Boasberg citó como evidencia un vuelo reciente que trasladó a 260 migrantes, incluyendo al salvadoreño Kilmar Abrego García, a una prisión en El Salvador, a pesar de que su expulsión había sido revocada por un tribunal.

El caso de Abrego ha desatado críticas internacionales. El senador demócrata Chris Van Hollen viajó al país centroamericano para exigir su liberación, pero el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa le negó el acceso al detenido, afirmando que “la administración Trump paga al gobierno para mantenerlo en el Cecot”, una cárcel de máxima seguridad.

Trump respondió con furia en redes sociales: “¡Los jueces están FUERA DE CONTROL! Parecen odiar tanto a ‘TRUMP’ que todo vale”, y adelantó que apelará el fallo.

Mientras tanto, Homan insistió en que Abrego era “una amenaza” vinculada al MS-13, sin presentar pruebas, mientras Van Hollen lo describió como “un hombre sin cargos, secuestrado por un error administrativo”.

La controversia combina elementos migratorios, judiciales y diplomáticos, y se suma a la compleja campaña política del expresidente rumbo a las elecciones de 2024, con su promesa de retomar y endurecer sus políticas migratorias como bandera principal.