El Gobierno del estado de Morelos descartó prohibir los narcocorridos, aunque lanzó una recomendación clara: evitar su difusión en espacios públicos y su promoción a través de conciertos. Así lo informó el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez, quien argumentó que si bien cada ciudadano tiene derecho a escuchar la música de su preferencia, se busca reducir el impacto de este género en el clima de violencia que enfrenta la entidad.

“La política en el estado no es prohibir nada, y esto es parte de la música que a algunos no nos gusta. Pero la sugerencia, la recomendación, sí es que la evitemos, porque esta música genera violencia. Pero tanto como prohibir, no podemos hacerlo, porque es un derecho”, explicó Peláez.

La indicación fue enviada a los 36 municipios del estado, solicitando evitar la organización de conciertos o la contratación de artistas que interpreten narcocorridos. “Eso es definitivo”, recalcó el funcionario, como parte de una estrategia preventiva para contener la violencia.

El anuncio se da en un contexto de creciente debate nacional sobre este tipo de música. Recientemente, el cantante Luis R. Conriquez fue agredido durante su presentación en la Feria del Caballo Texcoco 2025, luego de que se negara a interpretar corridos. El incidente provocó indignación entre sus seguidores y avivó la discusión pública sobre la influencia de estos temas musicales.

Además, el grupo Los Alegres del Barranco fue sancionado por las autoridades estadounidenses, quienes revocaron sus visas tras haber proyectado imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante conciertos en Jalisco y Michoacán.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no habrá una regulación federal sobre los narcocorridos, pero dejó abierta la puerta para que gobiernos estatales y municipales establezcan restricciones a su reproducción en espacios públicos.

En Morelos, la apuesta por la persuasión, más que por la censura, refleja un intento de equilibrio entre los derechos culturales y la necesidad de frenar los contenidos que, según el gobierno, podrían contribuir a la normalización de la violencia.