La Fiscalía General de Estados Unidos ha instruido al Departamento de Justicia a intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico, con el objetivo de su “eliminación total”. La medida, establecida por la fiscal Pam Bondi a través de un memorando, pone en la mira a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Tren de Aragua.

Esta postura más agresiva responde a la declaración del presidente Donald Trump, quien ha calificado a estos grupos como organizaciones terroristas. Bajo esta directriz, el Departamento de Justicia no solo busca frenar el tráfico de drogas, sino erradicar por completo a los cárteles.

“No basta con detener la oleada de venenos mortales como el fentanilo. Debemos aprovechar todos los recursos del Departamento de Justicia para eliminar estas amenazas a la soberanía de Estados Unidos”, señala el documento.

La Fiscalía ha ordenado a procuradores federales y agencias de seguridad trabajar en conjunto para desmantelar estas organizaciones, con un enfoque especial en sus líderes y operadores clave. Entre las medidas destacadas se incluyen:
•    Procesar a los cabecillas de los cárteles con cargos de terrorismo, extorsión y delitos de empresa criminal continua.
•    Agilizar los procesos judiciales contra miembros de estas organizaciones.
•    Considerar la pena de muerte en los casos en que la ley lo permita.

Además, el Departamento de Estado evalúa designar formalmente a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que permitiría ampliar las herramientas legales y militares para combatirlos. Se espera una recomendación formal en los próximos días.

La decisión de EE.UU. podría generar fricciones con México y Venezuela, países donde estos grupos tienen fuerte presencia. Sin embargo, la administración de Trump ha dejado claro que no dará marcha atrás en su lucha contra el crimen organizado transnacional.

Asimismo, la Fiscalía General ha ordenado priorizar investigaciones de corrupción vinculadas al narcotráfico, lo que podría afectar redes de lavado de dinero y estructuras internacionales de los cárteles.

La implementación de esta estrategia podría redefinir el panorama del narcotráfico en América, con consecuencias en la seguridad y política de la región.