Luego de que se anunciara el incremento de tarifa al transporte público en Nuevo León, los Senadores de Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, presentaron dos herramientas legislativas para dejar sin efectos dicho incremento y evitar que éstos sucedan en un futuro. Los legisladores aseguraron que las nuevas tarifas son una herramienta recaudatoria que afecta gravemente a la economía familiar de los nuevoleoneses, no resuelve la crisis de movilidad y es un duro golpe para la competitividad del Estado.
Los Senadores presentaron una iniciativa de reforma al Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta propuesta busca establecer lineamientos claros y justos para el incremento de tarifas del transporte público, así como garantizar la calidad y accesibilidad de este servicio esencial para los mexicanos.
La iniciativa plantea cinco puntos clave:
1. Prohibir el incremento de tarifas abruptas y por encima de la inflación.
2. Establecer la figura de incrementos graduales, ajustables a partir del tercer mes de cada año, para permitir una mejor planificación económica de las familias.
3. Obligar a que antes de cualquier procedimiento de revisión de tarifas, las entidades federativas realicen inspecciones físicas a todas las unidades del transporte público, asegurando que cumplan con las normas de tránsito, universalidad, limpieza, y equipo adecuado para climas extremos.
4. Que los estudios técnicos, económicos y de impacto a la economía familiar sean públicos y transparentes, justificando plenamente cualquier incremento en las tarifas en las entidades federativas.
5. Implementar subsidios dirigidos específicamente a personas de la tercera edad.
Por otro lado, presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar al Estado dar marcha atrás al incremento sugerido; exigir transparencia en las decisiones relacionadas con el transporte público y hacer públicos los estudios que justifican este incremento, así como los estudios técnicos y análisis correspondientes del parque vehicular, rutas operativas y condiciones de las unidades concesionadas; y solicita al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal un informe sobre el estado del proyecto del corredor ferroviario García-Aeropuerto.
Así también pide a la Procuraduría Federal del Consumidor evaluar si procede una acción colectiva contra los incrementos de tarifas de los servicios de transporte en el Estado de Nuevo León, y al autoridad federal en materia de libre competencia y concurrencia, antes Comisión Federal de Competencia, iniciar una investigación contra la política tributaria del Gobierno del Estado de Nuevo León, por la imposición de tarifas que distorsiona la competencia en la prestación de servicio de transporte en la entidad.
“No podemos permitir que las decisiones sobre el transporte público sigan tomándose sin un sustento claro y sin considerar el impacto directo que tienen en las familias trabajadoras. Este aumento tarifario es desproporcionado, y en un momento donde el sistema de transporte no garantiza calidad ni condiciones dignas para los usuarios” aseguró Díaz.
Por su parte, Fernández externó su extrañamiento sobre el hecho de que el transporte público que no está en el sistema estatal, el costo se mantiene en 12 pesos, mientras las que sí están integradas el aumento está en 15 pesos y llegará hasta 17, por lo que dijo que es evidente “que es una herramienta recaudatoria y no una que sea congruente con el servicio otorgado al usuario”.
Los Senadores de Nuevo León reiteraron su compromiso de trabajar por un transporte público justo, accesible y de calidad, estableciendo mecanismos que protejan a los ciudadanos de abusos como el que están viviendo los nuevoleoneses.
