La Fiscalía General del Estado de Puebla ha recibido cinco denuncias penales contra Marilyn “N”, una mujer acusada de ejercer ilegalmente como psiquiatra y de presuntamente incurrir en otros delitos. La implicada, quien cobraba hasta 1,400 pesos por consulta en su consultorio del Hospital Mac, fue exhibida en redes sociales por ofrecer medicamentos controlados y consultas sin contar con cédula o título profesional.  

El fiscal general, Gilberto Higuera Bernal, informó que la investigación comenzó tras la difusión de información sobre el ejercicio ilegal de la profesión. Además, destacó que, gracias a denuncias de particulares e instancias, se detectaron casos adicionales que podrían estar relacionados con delitos más graves.  

“Estamos investigándolos todos y los vamos a resolver de manera simultánea”, aseguró Higuera Bernal. Como parte de las indagatorias, ya se han solicitado a instituciones educativas los registros de los estudios de la acusada.  
  
Tras las denuncias, la Secretaría de Salud y Asistencia clausuró el consultorio de Marilyn “N”, ubicado en Torres Médicas 2 del Hospital Mac. En redes sociales circularon imágenes de recetas médicas emitidas por la falsa psiquiatra, lo que incrementó la presión social y el escrutinio público. Desde entonces, la implicada ha desaparecido y no se ha presentado en sus consultorios.  

En respuesta al caso, la diputada morenista Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar el artículo 158 del Código Penal, con el objetivo de incrementar las penas contra quienes usurpen funciones profesionales.  

“No podemos permitir charlatanes que jueguen con la salud de los poblanos”, declaró Palomares Ramírez durante la sesión ordinaria. La propuesta también plantea que los Ministerios Públicos estén obligados a investigar de oficio estos casos, para garantizar que la salud de las personas no sea vulnerada por quienes se ostentan ilegalmente como profesionales.  

El caso de Marilyn “N” no solo ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de supervisión para garantizar el ejercicio legal de las profesiones, sino que también ha generado un llamado a las autoridades y legisladores para proteger la salud pública.  

Con cinco denuncias en curso y una propuesta de reforma legal en marcha, el caso avanza como un recordatorio de los riesgos que implica la usurpación de funciones, especialmente en áreas sensibles como la salud mental.