La reciente salida de Edmundo González, un destacado líder opositor venezolano, hacia España como exiliado ha suscitado una serie de reacciones a nivel internacional, pero no ha resuelto la crisis que atraviesa Venezuela. Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU, expresó su creciente preocupación por la situación en el país sudamericano, señalando que la crisis sigue latente a pesar del movimiento de González.

Según la ONU, la crisis en Venezuela se mantiene vigente debido a los eventos que han seguido a las elecciones del 28 de julio, las cuales fueron criticadas por no cumplir con los estándares de transparencia. La salida de González, aunque significativa, es solo un episodio dentro de un contexto de tensiones políticas y sociales tanto internas como externas, de acuerdo con El Universal.

La ONU ha resaltado la difícil situación de otros líderes opositores en Venezuela, destacando a seis de ellos que permanecen refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Esta sede diplomática ha sido un punto focal de tensión, con reportes de que los opositores están enfrentando serias restricciones en servicios básicos como agua y electricidad.

Dujarric hizo un llamado directo al gobierno venezolano para que respete plenamente las leyes internacionales y el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y consulares. La ONU subrayó que cualquier conflicto relacionado con embajadas debe ser manejado conforme a la ley, y el organismo sigue observando de cerca los acontecimientos en Venezuela.

Aunque la ONU ha expresado su interés en que la crisis se resuelva mediante el diálogo, el portavoz dejó en claro que actualmente el organismo no está involucrado en ningún proceso de negociación o mediación. Esta falta de intervención oficial subraya el desafío que representa la polarización extrema entre el gobierno y la oposición, que complica el acercamiento entre las partes.

Además, la ONU envió un panel de expertos para monitorear las elecciones del 28 de julio, cuyos informes revelaron que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de transparencia. En respuesta, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado en gran medida por el gobierno, descalificó el informe de la ONU como “ilegal” y lleno de contradicciones, exacerbando así la fricción entre el gobierno venezolano y el organismo internacional.