En su primer encuentro oficial en la Casa Blanca desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su disposición para ayudar a Estados Unidos a combatir el crimen y el terrorismo, en el marco de un acuerdo migratorio ya en marcha entre ambos países.

“Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos”, declaró Bukele este lunes en el Despacho Oval, dirigiéndose directamente a Trump.

Durante la reunión, ambos mandatarios discutieron los avances del pacto migratorio que ha permitido a Estados Unidos deportar a más de 200 personas acusadas de vínculos con el crimen organizado hacia el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad salvadoreña.

El acuerdo contempla también una transferencia anual de hasta seis millones de dólares desde Washington hacia San Salvador, aunque los términos específicos del contrato no han sido revelados públicamente.

El Cecot, inaugurado por el gobierno de Bukele como parte de su plan de mano dura contra las pandillas, ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales. Human Rights Watch denunció que muchos de los migrantes deportados a El Salvador permanecen incomunicados y sin acceso a defensa legal, lo que podría constituir una forma de “desaparición forzada”.

El encuentro también incluyó momentos de clara intención política. Trump preguntó a Bukele si en El Salvador “permiten que hombres compitan en deportes femeninos o boxeen contra mujeres”, a lo que el mandatario salvadoreño respondió tajantemente: “Eso es violencia”.

Bukele, por su parte, defendió el uso del Cecot y su enfoque de seguridad: “A veces se dice que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que liberamos a millones”, sostuvo. Además, celebró que El Salvador haya dejado de ser “la capital mundial del asesinato” para convertirse, según él, en “el país más seguro de Latinoamérica”.

El acuerdo entre ambas naciones marca un nuevo giro en la colaboración regional en temas migratorios y de seguridad, aunque sus implicaciones en materia de derechos humanos continúan siendo motivo de intenso debate.