La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, y la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, están bajo investigación por la Fiscalía Estatal Anticorrupción debido a un presunto caso de peculado. Ambas funcionarias solicitaron un préstamo de 18 millones de pesos al municipio para la contratación del cantante Chayanne, quien será una de las figuras principales del Carnaval La Paz 2024, programado para el 18 de febrero en el estadio Guaycura.

El caso ha causado controversia, y las autoridades locales, encabezadas por el fiscal Lennin Amao, están determinando si se cometió un delito al destinar recursos municipales para un evento que podría tener un carácter privado. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, señaló que es necesario esclarecer los hechos: “Hay que investigar, si es de corte privado, tiene que responder ella (Milena Quiroga). Nosotros le prestamos para la deficiencia presupuestal, si de ahí, ella lo destinó para las fiestas del carnaval, al gobierno del estado le tiene que pagar”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Bertha Montaño Cota defendió la solicitud del préstamo, aclarando que, como es común en la administración municipal, se había solicitado para hacer frente a un déficit presupuestal y no específicamente para financiar el evento privado. "Sí hubo un préstamo, pero no fue pedido para cubrir un evento privado", aseguró la funcionaria.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, también negó que los recursos públicos fueran comprometidos, asegurando que “esto no le va a costar al Ayuntamiento, mucho menos comprometerá el recurso público”. 

Según la sesión del Comité de Adquisiciones, el costo por la contratación del cantante Chayanne ascendería a 37 millones 572 mil 400 pesos, cifra que incluye el IVA.

Además de la investigación por parte de la Fiscalía, los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bustos Alvarado y Blanca Pulido Medrano, presentaron una denuncia ante la Contraloría Municipal de La Paz, en la que señalan otros posibles delitos como cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias, complicando aún más la situación para las autoridades locales.