Con el objetivo de dignificar y garantizar una atención adecuada a personas con problemas de adicciones, la diputada Marisol González, del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para adicionar el Artículo 73 BIS VI a la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, enfocada en la formalización y regulación de los centros privados de atención a las adicciones, comúnmente conocidos como Anexos.
“Me acompaña por aquí la organización ‘Abrazo Amigo’, ellas están trabajando muy fuertemente en el área de Santa Catarina con la rehabilitación de mujeres que por alguna circunstancia han caído en adicciones y bueno, justamente naciendo de esta propuesta de ellas como ciudadanas de Santa Catarina decidimos presentar esta iniciativa”, comentó la diputada.
La propuesta establece que la Secretaría de Salud deberá crear una Guía Técnica que regule de forma estricta estos centros, muchos de los cuales operan actualmente en la informalidad, sin cumplir con estándares mínimos de salubridad o respeto a la dignidad humana.
“No se trata de criminalizar a quienes ayudan, sino de garantizar que toda persona que busque rehabilitación tenga acceso a un lugar seguro, limpio, profesional y digno”, señaló la diputada González.
En el estado de Nuevo León, se estima que existen hasta 600 centros de rehabilitación operando de manera irregular. De acuerdo con el Directorio Nacional de la Comisión Nacional de Salud Mental, sólo 4 centros están formalmente registrados, lo que significa que más del 99% opera fuera del marco legal.
“En Nuevo León hay más de 600 centros de rehabilitación que muchos de ellos no tienen las regulaciones correspondientes y entonces en esta propuesta lo que hacemos es un llamado a la reforma a la ley de salud en el artículo 73 donde se adicione ahora sí que una fracción relacionada a que se cree una guía técnica para regular estrictamente estos centros de rehabilitación, es muy importante”, dijo Marisol González.
Los centros privados deberán cumplir con criterios técnicos y éticos de ingreso, permanencia y egreso de usuarios; los estándares mínimos de infraestructura e higiene. También deben contar con un perfil profesional del personal, que incluya al menos un responsable médico.
Asimismo, se propone que aquellos centros que cumplan con la normatividad puedan ser apoyados con personal, equipamiento e incentivos determinados por la Secretaría de Salud y un reglamento interno, mecanismos de evaluación, y los requisitos claramente definidos en la ley.
“Reconocemos que muchos de estos espacios surgen de la voluntad de ayudar. Por eso, lejos de cerrarlos, queremos brindarles herramientas y reglas claras para formalizar su operación y elevar su calidad”, puntualizó González.
La iniciativa busca establecer un marco legal que respalde la dignificación de los servicios de rehabilitación en el estado, velando por los derechos humanos de las personas usuarias y fomentando prácticas responsables y profesionales en el tratamiento de las adicciones.
