Este lunes 26 de mayo, la Fiscalía General de Brasil solicitó formalmente a la Corte Suprema la apertura de una investigación penal contra Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus actividades en Estados Unidos, donde ha buscado apoyo político para promover sanciones internacionales contra autoridades brasileñas.
Según la Fiscalía, estas gestiones podrían constituir una forma de intimidación y presión indebida sobre servidores públicos y jueces, particularmente contra aquellos que están involucrados en procesos judiciales relacionados con su padre y otros aliados políticos de la derecha brasileña.
El contexto de esta solicitud judicial está vinculado a la investigación en curso contra Jair Bolsonaro y 30 de sus colaboradores, quienes son señalados por presunta conspiración para impedir la toma de posesión del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Dicha conspiración habría derivado en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del expresidente irrumpieron violentamente en los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Desde marzo de 2025, Eduardo Bolsonaro se ha ausentado de su cargo legislativo y se encuentra en Estados Unidos, donde ha estrechado lazos con sectores de la ultraderecha estadounidense, incluidos aliados del expresidente Donald Trump. A través de sus redes sociales ha documentado reuniones con legisladores republicanos que critican abiertamente al sistema judicial brasileño, particularmente al magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera el caso por intento de golpe de Estado.
Uno de los episodios más notorios fue la difusión de una audiencia en el Congreso estadounidense, donde el congresista republicano Cory Mills preguntó al secretario de Estado sobre la posibilidad de sancionar a De Moraes por supuestas violaciones a los derechos humanos, una escena ampliamente divulgada por el propio Bolsonaro hijo.
En su solicitud a la Corte Suprema, la Fiscalía calificó las acciones del diputado como de “manifiesto tono intimidatorio”, advirtiendo que sus esfuerzos podrían ser interpretados como un intento de interferencia directa en la justicia brasileña, lo que amerita una investigación formal.
Si la Corte autoriza la apertura del proceso, Eduardo Bolsonaro podría ser citado para rendir cuentas sobre sus actividades internacionales, a pesar de que su estatus como diputado federal le otorga ciertos fueros. Sin embargo, también lo somete al escrutinio de la máxima instancia judicial del país.
El caso podría escalar dependiendo de las pruebas que se reúnan y abrir un nuevo capítulo en la serie de procesos que rodean al expresidente Jair Bolsonaro y su círculo más cercano.
