La diputada Lorena de la Garza abordó las críticas recibidas por parte del Consejo Cívico respecto a la reforma de la Ley de Movilidad, que permite la extensión por un año de los permisos para taxis y vehículos de transporte público con más de 10 años de servicio.
De la Garza sostuvo que esta medida es una solución a la crisis de movilidad actual, ya que, si se impidiera la circulación de estos vehículos, la situación se agravaría, dejando a miles de usuarios sin opciones de transporte y afectando la economía local.
Esta reforma permite que taxis y camiones con una antigüedad de hasta 10 años sigan circulando por un año adicional, con el propósito de enfrentar la creciente crisis de movilidad en el estado. La legisladora destacó que aproximadamente 30 mil familias dependen económicamente de estos vehículos de transporte, por lo que la reforma promueve una regulación más flexible y adaptada a las necesidades de la población.
La diputada añadió que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León es el encargado de emitir las reglas y lineamientos específicos para la expedición del visto bueno a los vehículos que soliciten la extensión de sus permisos. Esto incluirá inspecciones documentales para verificar la legalidad y el cumplimiento de requisitos, así como revisiones físico-mecánicas para asegurar que los vehículos de transporte antiguo continúen siendo seguros y aptos para circular. Estas medidas garantizan que, a pesar de su antigüedad, los vehículos que se acojan a la reforma de la Ley de Movilidad cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios para proteger a los usuarios y mantener un servicio de transporte eficiente.
Lorena de la Garza subrayó que el objetivo de la reforma de la Ley de Movilidad es lograr un equilibrio entre las necesidades de la población, la capacidad del sistema de transporte y la sostenibilidad económica de los operadores. Al mismo tiempo, abogó por un enfoque integral para abordar la crisis de movilidad, que incluya la inversión en infraestructura, y la promoción de alternativas de transporte más sostenibles y eficientes.
En última instancia, la diputada Lorena de la Garza resaltó la relevancia de establecer un diálogo constructivo y sostenido con organizaciones como el Consejo Cívico y otros actores relevantes en el ámbito de la movilidad, como autoridades locales y regionales, empresas de transporte público, organizaciones de usuarios, expertos en movilidad urbana y organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema.
De la Garza enfatizó que este diálogo debe basarse en el respeto mutuo, la apertura a diferentes perspectivas y el intercambio de ideas y propuestas, lo cual permitirá diseñar políticas de movilidad más acertadas y efectivas. Al incluir a diferentes sectores y actores en la toma de decisiones, se asegura una mayor comprensión de las necesidades y desafíos de la población, lo cual resulta crucial para la elaboración de soluciones innovadoras y adecuadas a la realidad local.
