El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, fueron sentenciados por una corte civil de Miami a pagar 2,488 millones de dólares como compensación por su participación en un extenso esquema de contrataciones ilegales con fondos públicos mexicanos.

La sentencia fue emitida por la jueza Lisa Walsh, luego de que los acusados no comparecieran —ni personalmente ni a través de representantes legales— ante el tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, donde el gobierno de México presentó una demanda civil en 2021.

Según el fallo, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue condenada a restituir 1,740 millones, al ser considerada una figura clave en la transferencia y ocultamiento de activos derivados del fraude.

Red de corrupción transnacional

El caso se centra en una red de contratos ilegales adjudicados a un conglomerado ligado a la familia Weinberg, de origen israelí, durante la gestión de García Luna como funcionario de seguridad pública. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, estas operaciones permitieron extraer más de 634 millones de dólares del erario público, los cuales fueron canalizados hacia paraísos fiscales y posteriormente invertidos en bienes raíces y activos en Florida.

Las autoridades mexicanas afirman que entre 2012 y 2018, García Luna y sus colaboradores movieron al menos 580 millones de dólares mediante este esquema, una parte de los cuales fue rastreada hasta 19 propiedades en el sur de Florida, las cuales ya han sido aseguradas.

Sentencia sin juicio

El fallo se produjo luego de que México solicitara una sentencia directa sin necesidad de juicio, dado que los acusados no respondieron al proceso legal. Esta omisión facilitó que la corte dictara la sentencia por default, es decir, por falta de defensa.

El gobierno mexicano considera esta resolución un paso importante en su lucha contra la corrupción y la recuperación de activos públicos saqueados, y ha señalado que continuará con los procedimientos para lograr la devolución de los bienes.

García Luna, quien también enfrenta un proceso penal en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, suma así un nuevo golpe legal que complica aún más su situación judicial tanto en el país vecino como en México.