Las autoridades de Luisiana confirmaron la fuga de diez reclusos del Centro de Justicia de Orleans, una prisión local en Nueva Orleans que alberga a más de 1,400 internos. De los evadidos, ocho siguen prófugos, incluyendo a Derrick Groves, condenado por dos homicidios en segundo grado y dos intentos de asesinato relacionados con un tiroteo durante el Mardi Gras de 2018.

La sheriff del condado, Susan Hutson, calificó el escape como un hecho “casi imposible sin ayuda desde adentro” y reveló que ya se investiga a tres miembros del personal, actualmente suspendidos. Si bien aún no se han presentado cargos, las autoridades aseguran tener indicios de complicidad interna.

Según la investigación preliminar, los reclusos aprovecharon cerraduras defectuosas para salir de sus celdas. Imágenes de seguridad muestran a varios de ellos, vestidos con uniformes naranja y blanco, escalando una valla con mantas para evitar el alambre de púas. Algunos fueron vistos corriendo hacia una autopista cercana.

Una fotografía difundida por AP reveló una abertura detrás de un inodoro en una celda utilizada como punto de escape. Encima del hueco, alguien escribió la frase “demasiado fácil”, con una flecha señalando la salida improvisada.

Durante la fuga, no había guardias en el área, solo un técnico civil encargado de la vigilancia remota que se ausentó para comer, abriendo una ventana crítica de oportunidad para los fugitivos.

La directora financiera de la Oficina del Sheriff, Bianka Brown, reveló que la cárcel carece de presupuesto para mantenimiento, impidiendo la reparación de puertas y sistemas de seguridad. A su vez, el jefe de correccionales, Jay Mallett, admitió que el penal no cuenta con áreas de máxima seguridad, pese a albergar a reclusos de alta peligrosidad.

La sheriff Hutson fue enfática:

“Este incidente ha resaltado de nuevo la necesidad crítica de mejoras y reparaciones en nuestras instalaciones. Cualquier falla u omisión que haya contribuido a esta fuga será atendida con consecuencias claras”.

La búsqueda activa de los ocho prófugos involucra a agencias locales, estatales y federales, y se ha extendido a zonas rurales y urbanas del estado. La superintendente de policía, Anne Kirkpatrick, advirtió que cualquier persona que ayude a los reos enfrentará cargos penales. Además, ya se han tomado medidas de protección hacia testigos potenciales, incluyendo la evacuación de una familia.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, calificó el hecho como “más allá de lo inaceptable” y recordó que el sistema penitenciario estatal lleva años arrastrando problemas de seguridad, hacinamiento y falta de fondos.

Este escape se suma a una serie de fugas recientes en el sur del país, encendiendo nuevamente el debate sobre el estado de las cárceles en EE.UU., especialmente aquellas que no cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a criminales de alta peligrosidad.