El alto costo del proceso de titulación en universidades mexicanas se ha convertido en un obstáculo significativo para miles de egresados que, tras años de esfuerzo académico, ven limitada su incorporación al mercado laboral formal. Para atender esta problemática, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en abril de 2025 una iniciativa legislativa que busca garantizar la titulación gratuita para todos los egresados del país, sin importar si estudiaron en instituciones públicas o privadas.
Mario Zamora Gastélum, diputado federal del PRI, fue quien presentó la propuesta ante la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla reformas a la Ley General de Educación Superior y a la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de eliminar el cobro por la emisión y registro de títulos profesionales ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Estos montos representan una barrera para egresados que, en muchos casos, dependen de becas o empleos de medio tiempo para financiar sus estudios”, señaló el legislador en tribuna.
De acuerdo con cifras de 2023 y 2024, el costo de titulación varía ampliamente dependiendo de la universidad:
En instituciones públicas:
• UNAM: Hasta $4,495 MXN.
• UANL: $1,886 MXN.
• IPN: Aproximadamente $456 MXN.
En universidades privadas:
• Tecnológico de Monterrey: Más de $10,000 MXN.
• Universidad Anáhuac: Hasta $19,700 MXN.
• Universidad Iberoamericana: Más de $8,000 MXN en muchos casos.
Además del costo del título, estudiar en una universidad pública representa un gasto anual estimado de $13,824 pesos, mientras que en instituciones privadas puede ascender hasta los $950,000 pesos.
Esta situación ha generado que numerosos estudiantes pospongan indefinidamente su titulación, limitando sus oportunidades profesionales y afectando su integración al mercado laboral formal.
La iniciativa contempla tres ejes clave:
• Titulación gratuita en todas las instituciones de educación superior, públicas o privadas.
• Registro sin costo ante la Dirección General de Profesiones de la SEP.
• Plazo máximo de 60 días hábiles para la emisión del título tras la conclusión de estudios.
De aprobarse, esta medida beneficiaría a egresados de todo el país y contribuiría a reducir la deserción educativa, que en 2023 alcanzó una tasa de 7.2% en el nivel superior, en gran parte debido a problemas económicos, según datos de la SEP.
Aunque la propuesta aún se discute en la Cámara de Diputados, el PRI ha manifestado su intención de impulsarla también en los congresos locales. La medida, aseguran, busca reconocer el esfuerzo académico sin condicionar la titulación al poder adquisitivo de los egresados.
El partido tricolor ha señalado que esta iniciativa forma parte de su agenda para respaldar a la juventud universitaria, facilitar su inserción laboral y fomentar un sistema educativo más equitativo y accesible para todos.
