El abuso sexual infantil en México ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 4.5 millones de niños afectados cada año, lo que ha colocado al país en el primer lugar de la clasificación mundial de casos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Senado de la República.
En este contexto, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó, durante el presente año, varios casos de violencia extrema y abuso sexual en diversas instituciones educativas de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Este reporte, titulado "Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas", revela que los agresores son, en su mayoría, maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, quienes cometen estos actos en el interior de las escuelas o al sacar a los niños de los planteles para realizarlos en otros lugares.
El documento de la ODI señala que las víctimas, con edades entre los 3 y 7 años, fueron sometidas a una variedad de actos de abuso. De las víctimas reportadas, 37 mencionaron haber sufrido tocamientos por parte de un adulto o ser obligados a tocarse entre ellos, 11 describieron violaciones equiparadas, 8 fueron agredidos físicamente, 3 fueron forzados a observar sexo entre adultos, y 17 niños hablaron sobre un maestro exhibiéndose ante todo el salón. Además, cuatro niños fueron amarrados, dos fueron amordazados con cinta, y siete denunciaron haber sido abusados frente a un grupo de compañeros.
Ante esta preocupante situación, la Cámara Alta de México ha exhortado al Poder Ejecutivo Federal y a las secretarías de la administración pública a evaluar las medidas existentes para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra menores, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, se ha hecho un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus homólogas a nivel nacional para reforzar las acciones preventivas, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Esto incluye la implementación de políticas que permitan prevenir, identificar y tratar la violencia sexual en las escuelas, así como monitorear su ocurrencia.
El Senado también hizo un llamado a fortalecer la coordinación interinstitucional entre las dependencias encargadas de la implementación de estas acciones, considerando las brechas sociales y geográficas que dificultan la protección de los niños, con el objetivo de crear estrategias más eficaces para proteger a la infancia mexicana.
Por último, se destacó la importancia de sensibilizar y capacitar a los docentes, profesionales de la salud y trabajadores sociales sobre la prevención del abuso sexual en el ámbito educativo, como medida crucial para combatir este grave problema.
