Ayer, el gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, oficializó la promulgación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao como respuesta a la creciente inseguridad ciudadana y la ola de extorsiones que afecta al transporte colectivo de la capital. La medida fue firmada por Boluarte y publicada en una edición extraordinaria del diario oficial *El Peruano*, tras ser anunciada por el Consejo de Ministros luego de un paro de transportistas en la región.

El estado de emergencia, que estará vigente por 60 días, se aplicará en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, en Lima, así como en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Bajo este régimen, la **Policía Nacional del Perú** tomará control del orden interno con apoyo de las **Fuerzas Armadas**, en las áreas afectadas. Además, se implementarán restricciones o suspensiones a derechos constitucionales clave, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal.

El Ministerio del Interior coordinará con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros organismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del estado de emergencia.

Por su parte, los empresarios del transporte urbano, víctimas de extorsiones, han dado una tregua de 30 días al gobierno para observar si la medida logra avances contra el crimen organizado. De lo contrario, amenazan con retomar los paros.

En paralelo, una veintena de gremios empresariales han denunciado que el crimen organizado ha formado un "gobierno en paralelo" que está ganando terreno al Estado peruano. A través de un comunicado, exigieron al Congreso que apruebe el proyecto de ley que tipifica la extorsión y otros delitos como **terrorismo urbano**, y que endurezca las penas para quienes los cometan.