Este martes, la Corte Suprema de Brasil aceptó formalmente las denuncias contra nueve militares y un policía, acusados de integrar una conspiración golpista que incluía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el magistrado Alexandre de Moraes, quien en ese momento encabezaba el Tribunal Electoral.

La trama, según detalló la Fiscalía General de la República, formaba parte de un plan más amplio atribuido al expresidente Jair Bolsonaro, con el objetivo de impedir la toma de posesión de Lula tras su victoria electoral en octubre de 2022. El complot incluía el asesinato de las principales autoridades que simbolizaban la transición democrática de poder.

“Operación Puñal Verde Amarillo”

La investigación, conocida como la Operación Puñal Verde Amarillo —en alusión a los colores de la bandera brasileña—, apunta a que los atentados estaban planeados para el 15 de diciembre de 2022, apenas dos semanas antes de la investidura de Lula.

De acuerdo con la Policía Federal, el propio Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” del plan, aunque tanto él como los imputados han negado su participación.

Entre los acusados figuran dos generales, tres coroneles y cuatro tenientes coroneles, la mayoría pertenecientes a la reserva y vinculados al comando especial del Ejército conocido como “Kids Pretos”. También fue incluido un policía federal. La lista de procesados incluye al general Estevam Theophilo, los coroneles Bernardo Correa, Fabrício Moreira y Márcio Nunes, así como los tenientes coroneles Hélio Ferreira, Rafael Oliveira, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira y Sérgio Cavaliere, además del agente Wladimir Matos Soares.

La Corte rechazó las acusaciones contra dos de los señalados, el general Nilton Diniz Rodrigues y el teniente coronel Cleverson Magalhães, por falta de pruebas.

El testimonio clave: un excomandante del Ejército

El avance judicial se produjo al día siguiente del inicio de los interrogatorios a testigos clave del proceso que también involucra a Bolsonaro y a varios de sus colaboradores cercanos. Uno de los testimonios más contundentes fue el del general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del Ejército, quien aseguró que Bolsonaro convocó a jefes militares en diciembre de 2022 para explorar formas de evitar la posesión de Lula, incluida la declaración de estado de sitio.

Freire Gomes afirmó que tanto él como el entonces comandante de la Fuerza Aérea se opusieron a esa idea, advirtiendo al expresidente que no contaba con apoyo dentro del alto mando militar.

Golpe frustrado y consecuencias

Para la Fiscalía, esta conspiración se vincula directamente con los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en Brasilia. La intención, según los investigadores, era incitar a las Fuerzas Armadas a ejecutar un golpe de Estado que reinstalara a Bolsonaro en el poder.

Con esta decisión de la Corte Suprema, se profundiza la investigación judicial más grave contra la ultraderecha brasileña en décadas. Los próximos meses serán clave para determinar si el expresidente Bolsonaro deberá enfrentar cargos formales por su papel en esta fallida conspiración.