La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves 21 de noviembre órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023, que desataron una ofensiva israelí en el territorio palestino.

Esta decisión coloca a Netanyahu y a los demás sospechosos en la lista de buscados internacionalmente, lo que podría aislar aún más a Israel y complicar los esfuerzos para lograr un alto al fuego en el conflicto que ya lleva 13 meses. Sin embargo, la efectividad de la medida es incierta, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la CPI y varios de los líderes de Hamás ya han muerto en el marco de los enfrentamientos.

La acusación de la CPI sostiene que Netanyahu y Gallant privaron intencionalmente a la población civil en Gaza de recursos esenciales para su supervivencia, como alimentos, agua, medicinas y electricidad. La corte consideró que existían "motivos razonables" para creer que ambos líderes israelíes habían orquestado políticas que contribuyeron a estas condiciones. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó las acusaciones y acusó al fiscal de la CPI de ser "antisemita", asegurando que Israel tiene un sistema judicial independiente que respeta el Estado de derecho.

Aunque la corte carece de una fuerza policial para ejecutar estas órdenes de arresto, dependerá de la cooperación internacional para hacer cumplir la decisión. Dado que Israel no es parte del tribunal, es improbable que los acusados enfrenten pronto un juicio en La Haya.