El principal tribunal penal de Argentina ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una figura influyente en la política argentina de las últimas dos décadas. El fallo, inicialmente dictado en 2022, se refiere a la asignación irregular de obras públicas en Santa Cruz, realizadas por un empresario allegado a Fernández durante su mandato presidencial (2007-2015).

Aunque la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, la decisión no obliga a Fernández, de 71 años, a cumplir con el encarcelamiento de inmediato, ya que tiene previsto apelar ante la Corte Suprema, lo que podría extender el proceso judicial por años. Además, debido a su edad, en caso de que la sentencia se mantenga, podría cumplirla en su domicilio.

Pocos minutos antes de la ratificación de la sentencia, Fernández compartió un mensaje en sus redes sociales anunciando su participación en un acto en Buenos Aires, donde mostró un tono desafiante y terminó su mensaje lanzando un beso al aire. La expresidenta sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por opositores, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, a quien señala como el impulsor de la investigación.

Fernández ha argumentado en un extenso comunicado que el delito de administración fraudulenta por el que se le acusa es infundado. Según sus declaraciones, las obras en cuestión fueron aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales y su rendición de cuentas fue validada por la Auditoría General de la Nación y el Congreso.

En las afueras del tribunal, militantes del kirchnerismo se manifestaron contra lo que consideran una estrategia de "lawfare," o judicialización de la política, acusando al sistema judicial de querer acabar con el liderazgo de Fernández en la política nacional.