Una tragedia sacudió la costa californiana este fin de semana, luego de que una embarcación tipo “panga” volcara frente a las costas de San Diego mientras transportaba a 16 migrantes, entre ellos dos menores de edad. El naufragio dejó tres personas muertas, siete desaparecidas y provocó una fuerte reacción por parte de autoridades federales.

Según los testimonios recabados por las autoridades, el viaje era parte de una operación de tráfico de personas dirigida por dos ciudadanos mexicanos, identificados como Julio César Zúñiga Luna (30 años) y Jesús Juan Rodríguez Leya (36 años), quienes ya se encuentran bajo custodia.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigió que se aplique la pena de muerte a los responsables, argumentando que el acto fue motivado por “codicia e indiferencia” hacia la vida humana. “Este no es un simple caso de inmigración ilegal. Es un crimen despreciable que terminó con vidas inocentes y debe ser castigado con el máximo rigor de la ley”, declaró.

El sustento legal para esta solicitud se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que en ciertos casos permite aplicar la pena capital cuando el contrabando de personas provoca muertes. Noem indicó que pedirá al fiscal general presentar cargos federales para solicitar formalmente la pena máxima.

El trágico incidente ha puesto de nuevo en el centro del debate las peligrosas rutas marítimas utilizadas por redes de tráfico humano. El aumento de controles terrestres en la frontera sur ha obligado a muchos migrantes y a los grupos que lucran con su desesperación a tomar caminos aún más riesgosos, con consecuencias cada vez más mortales.

Las labores de búsqueda continúan en la zona para localizar a los siete migrantes desaparecidos, mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos han llamado a reforzar las vías legales de migración para prevenir este tipo de tragedias.