La administración del expresidente Donald Trump deportó a 238 venezolanos a El Salvador, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial.

La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se llevó a cabo pese a un bloqueo judicial emitido por el juez James Boasberg, lo que ha generado una fuerte controversia en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

Según Rubio, los deportados eran “criminales violentos” con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha explicado cómo se determinó la relación de estos individuos con la pandilla.

El secretario de Estado agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar a los deportados y aseguró que su manutención costará seis millones de dólares por un año.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, afirmó Rubio.

Bukele confirmó la llegada del avión con los deportados y compartió videos de los presuntos criminales. Además, en un gesto irónico, publicó en redes sociales una captura de pantalla del bloqueo judicial y escribió “oopsie, muy tarde”, acompañado de un emoji de risa.

Mientras tanto, el diario The New York Times cuestionó si la administración Trump ignoró deliberadamente la orden del juez Boasberg, quien bloqueó temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros a las 7:00 p.m. en Washington D.C.

No obstante, los videos muestran que el vuelo ya había aterrizado en El Salvador durante la madrugada.

Durante la audiencia del sábado, Boasberg fue informado de que dos vuelos con deportados —uno a El Salvador y otro a Honduras— ya estaban en el aire. En respuesta, ordenó verbalmente que regresaran a Estados Unidos, pero esta instrucción no quedó registrada por escrito, según la agencia AP.

A pesar de esto, el bloqueo judicial se amplió el sábado por la noche, suspendiendo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de manera general, no solo para los cinco venezolanos que habían presentado una demanda.

El gobierno de Venezuela rechazó categóricamente la deportación de sus ciudadanos y emitió un comunicado a través del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto.

“Esta medida criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”, denunció el comunicado.

Además, el gobierno venezolano calificó la Ley de Enemigos Extranjeros como una legislación “anacrónica” y una violación de los derechos humanos.

El caso sigue generando debate internacional, mientras organizaciones humanitarias y líderes políticos cuestionan la legalidad y las consecuencias de esta deportación masiva.