A pesar de una orden de suspensión emitida por un Tribunal Colegiado, el decreto de la reforma judicial firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue publicado este domingo en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma, que entrará en vigor a partir del primer minuto del 17 de septiembre, introduce cambios significativos en el sistema judicial mexicano.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es el cambio en la selección de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 2025, estos altos funcionarios judiciales serán elegidos por voto popular en lugar de los métodos tradicionales. Este nuevo proceso permitirá a la ciudadanía participar directamente en la elección de los principales actores del poder judicial.

Además, la reforma propone la eliminación de las dos salas actuales de la Suprema Corte, que se encargan de resolver casos en materia civil, penal, administrativa y laboral. El Pleno de la Suprema Corte se reducirá de 11 a nueve ministros, quienes tendrán un mandato de 12 años en lugar de los 15 años previamente establecidos.

Para la selección de los nuevos ministros, el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidatos, el Poder Judicial otros 10, y el Senado y la Cámara de Diputados presentarán cinco candidatos cada uno. La elección final será realizada por votación popular. Los actuales ministros perderán su cargo cuando los nuevos asuman funciones el 1 de septiembre de 2025.

Los aspirantes a ministros deberán cumplir con requisitos específicos, como tener al menos 10 años de experiencia con un título en Derecho y no haber ocupado cargos federales. Durante la campaña electoral, los candidatos podrán usar los medios de comunicación, pero no recibirán financiamiento público ni donaciones privadas. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará las elecciones, mientras que el Tribunal Electoral supervisará el proceso. Además, los jueces deberán ajustar sus salarios para no superar el salario del presidente de la República.

La publicación del decreto ha generado controversia, ya que el Tribunal Colegiado había ordenado su suspensión, destacando la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en la implementación de esta reforma.