El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado el miércoles en Nueva York a 45 años en una prisión federal y una multa de 8 millones de dólares por permitir que narcotraficantes usaran el ejército y la policía de su país para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. El juez P. Kevin Castel dictó la sentencia tras un juicio de dos semanas en el tribunal federal de Manhattan, que fue seguido atentamente en Honduras.

Hernández, quien se declaró inocente durante la audiencia de sentencia, afirmó que fue acusado errónea e injustamente. En una larga declaración, interrumpida varias veces por el juez, Hernández se presentó como un héroe del movimiento antidrogas que se asoció con las autoridades estadounidenses durante tres administraciones para reducir las importaciones de drogas. Sin embargo, el juez Castel destacó que las pruebas demostraron lo contrario y que Hernández usó "considerables habilidades de actuación" para parecer un paladín contra el narcotráfico mientras protegía el tráfico de drogas.

Castel describió a Hernández como “un político de dos caras hambriento de poder” que protegía a un grupo selecto de traficantes. Cuando se anunció la sentencia, Hernández, vestido con un uniforme de prisión verde apagado, estaba junto a su abogado. Tras estrechar la mano de su abogado y señalar con la cabeza hacia los espectadores, salió cojeando de la corte con la ayuda de un bastón y un aparato ortopédico.

La fiscalía buscaba una sentencia de cadena perpetua más 30 años. Hernández, de 55 años, sirvió durante dos periodos como líder de Honduras y fue arrestado en su casa de Tegucigalpa tres meses después de dejar el cargo en 2022, siendo extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

Los fiscales indicaron que Hernández trabajó con narcotraficantes desde 2004 y que recibió millones de dólares en sobornos mientras ascendía en su carrera política. Aunque Hernández reconoció que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico, negó haber recibido sobornos. Insistió en que su juicio fue injusto y que estaba siendo perseguido por políticos y narcotraficantes.

Entre los testigos del juicio había narcotraficantes que admitieron ser responsables de decenas de asesinatos y afirmaron que Hernández era un protector entusiasta de poderosos distribuidores de cocaína, incluido Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El juez Castel señaló que Guzmán sobornó con 1 millón de dólares en 2013 al hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en Nueva York por cargos de drogas.

Castel concluyó que Hernández había recibido un juicio justo y subrayó que su objetivo principal era su propia supervivencia política, ayudando a los traficantes siempre que podía.