Confirman detención de 61 mexicanos tras redadas migratorias en Los Ángeles

Confirman detención de 61 mexicanos tras redadas migratorias en Los Ángeles

Confirman detención de 61 mexicanos tras redadas migratorias en Los Ángeles Confirman detención de 61 mexicanos tras redadas migratorias en Los Ángeles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detención de al menos 61 ciudadanos mexicanos durante las recientes redadas migratorias en Los Ángeles, California, como parte de los operativos impulsados por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que los consulados mexicanos ya están brindando asistencia a los connacionales afectados.

“Están en contacto todos con los consulados, en particular el de Los Ángeles, y también con todas sus familias, dándoles todo el apoyo que requieren”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum subrayó que entre los detenidos no sólo hay mexicanos, sino también personas de otras nacionalidades e incluso algunos ciudadanos estadounidenses.

La organización Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) estimó que hasta 300 migrantes han sido arrestados en el estado de California en los últimos días. La mayoría de ellos serían trabajadores en Los Ángeles, según explicó Jorge Mario Cabrera, vocero de la organización.

Por su parte, Angélica Salas, directora de CHIRLA, calificó las redadas como una ofensiva migratoria “nunca antes vista” en sus más de 30 años de experiencia defendiendo a comunidades migrantes. En una audiencia ante el Concejo de Los Ángeles, denunció que muchos detenidos no han tenido acceso a representación legal ni han podido ejercer su derecho al debido proceso.

Además, se reporta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha negado en repetidas ocasiones el acceso a abogados y representantes de derechos humanos.

Ante esta situación, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la protección consular y la defensa legal de los ciudadanos afectados, mientras organizaciones civiles exigen frenar lo que consideran una criminalización de la migración laboral