La administración del presidente Donald Trump ha ordenado la cancelación de todos los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, los cuales ascienden a un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta oficial obtenida por The New York Times y que será enviada este martes a las agencias federales.

La decisión se enmarca en una ofensiva mayor del gobierno federal contra la institución académica, acusándola de discriminación racial contra personas blancas, de aplicar criterios de admisión con base en la raza y de tolerar actos antisemitas en el campus.

Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, instruyó a las agencias a revisar sus contratos con Harvard, rescindiendo aquellos considerados no esenciales y transfiriendo, si es necesario, los servicios a otros proveedores.

“Esta revisión se alinea con la directiva de la administración de que todos los servicios federales contratados defiendan y promuevan firmemente las prioridades estratégicas de la agencia”, señala la carta.

Aunque los contratos considerados críticos no serán anulados de forma inmediata, las agencias tienen plazo hasta el 6 de junio para presentar un informe detallando las cancelaciones.

Harvard en el centro del conflicto político

La medida es el último capítulo de una creciente tensión entre la administración Trump y Harvard, una de las universidades más influyentes y prestigiosas del país. El mes pasado, el gobierno congeló aproximadamente 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos, y también intentó prohibir la matrícula de estudiantes internacionales, aunque esta última acción fue suspendida temporalmente por un juez federal.

En su carta, Gruenbaum afirma que el gobierno está al tanto de “acciones antisemitas recientes” en el campus de Harvard que, según alega, ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos. La acusación forma parte del argumento de la Casa Blanca de que Harvard ha fallado en cumplir con los estándares federales de derechos civiles.

Harvard responde en los tribunales

En respuesta, Harvard ha iniciado acciones legales para restaurar sus fondos federales y su capacidad de admitir estudiantes extranjeros. La universidad, que cuenta con unos 6,800 estudiantes internacionales —el 27 % de su matrícula total—, ha advertido que la pérdida de ese segmento estudiantil podría representar un golpe devastador.

El presidente interino de Harvard, Alan M. Garber, ha criticado duramente la decisión, señalando que la universidad está siendo objeto de una represalia política basada en diferencias ideológicas y no en criterios educativos o legales.

Una audiencia está programada para este jueves, donde la jueza Allison D. Burroughs decidirá si extiende la orden que permite a Harvard continuar matriculando estudiantes internacionales de manera provisional.

La escalada entre el gobierno federal y Harvard subraya el creciente conflicto entre la administración Trump y sectores del mundo académico, que han sido objeto de repetidas críticas por parte del presidente debido a su supuesta inclinación progresista o “woke”, como ha calificado la Casa Blanca.